El fallo FMP 16385/2017 fija un estándar claro: sin un ilícito previo identificado con precisión, no hay lavado de activos posible — y un incremento patrimonial sin respaldo no alcanza para suplir esa exigencia.
El 11 de mayo de 2026, la Cámara Federal de Mar del Plata revocó el procesamiento de cinco imputados en la causa FMP 16385/2017. La calificación provisional había sido la de lavado de dinero agravado, con las agravantes de habitualidad y de pertenencia a una asociación o banda destinada a la comisión continuada de ese delito (artículos 45 y 303, incisos 1 y 2 del Código Penal). La Cámara, integrada por los jueces Eduardo Pablo Jiménez y Alejandro Osvaldo Tazza, dejó sin efecto el procesamiento y ordenó la falta de mérito, disponiendo la continuación de la investigación para precisar los extremos señalados.
El fundamento central no fue la falta de prueba en sentido amplio. Fue algo más preciso y más relevante para la práctica: la acusación no había identificado el delito precedente del que supuestamente provenían los fondos objeto de lavado. Esa omisión, para el tribunal, no es un defecto formal. Es la ausencia de un elemento objetivo del tipo penal.
I. Los hechos y la hipótesis acusatoria
La causa se originó en 2017 a partir de la denuncia de un particular que no pudo recuperar fondos depositados en una firma, porque las cuentas que esta tenía en Andorra habían sido bloqueadas y confiscadas. La investigación avanzó sobre la hipótesis de que los imputados habrían realizado, desde el año 2014, “operaciones comerciales” para poner en circulación en el mercado de capitales bienes adquiridos con fondos de origen ilícito. El origen ilícito se describió como derivado “principalmente en infracciones al régimen penal cambiario — ley 19.359 —, sin perjuicio de otras actividades como evasiones tributarias y el delito de intermediación financiera”.
Con ese marco, el juez de instrucción dictó procesamiento en octubre de 2025. Las defensas apelaron e invocaron, entre otros agravios, la falta de acreditación del ilícito precedente, la atipicidad de la conducta y la afectación al derecho de defensa. La Cámara dio la razón a las defensas en ese punto central y consideró innecesario analizar el resto.
II. El problema jurídico: qué exige el tipo penal de lavado de activos
El artículo 303 del Código Penal tipifica el lavado de activos como la conversión, transferencia o administración de bienes “provenientes de un ilícito penal”. Esa frase — “provenientes de un ilícito penal” — no es una condición secundaria. Es el núcleo del tipo objetivo.
La Cámara lo precisa con claridad: no se requiere sentencia condenatoria firme sobre el delito precedente, pero sí que ese ilícito constituya el objeto de una investigación independiente en trámite o que el juez que interviene en la causa de lavado corrobore su existencia de acuerdo con las normas del ordenamiento legal. El estándar es que el ilícito precedente “debe aparecer a primera vista justificado”, lo que exige una búsqueda que logre poner en perspectiva el hecho típico y antijurídico anterior y su vinculación con los bienes objeto de lavado.
Desde el plano procesal, el tribunal agrega un requisito exigido por la garantía constitucional: la acusación debe identificar de qué delito — o al menos de qué actividad ilícita — provendrían los bienes. El grado de indeterminación admisible es solo el que resulta compatible con un ejercicio adecuado del derecho de defensa. Una imputación que afirme que los fondos provienen de “algún delito”, cometido en “algún lugar del territorio nacional”, en “algún momento posterior a la entrada en vigencia de la ley 25.246”, viola la garantía constitucional.
III. Por qué la imputación fue considerada insuficiente
La acusación describió el ilícito precedente como “infracciones a la ley 19.359, evasión tributaria e intermediación financiera no autorizada”. La Cámara rechazó esa formulación en términos terminantes: es una fórmula “considerablemente imprecisa” que deja entrever “escenarios infraccionales de los más variados” sin especificar en qué tipología legal concreta encuadraría cada uno.
Pero la crítica más aguda no es la indeterminación del delito en sí, sino la contradicción temporal en que incurre la acusación. Se afirmó que las maniobras de lavado comenzaron “a partir del año 2014”. Al mismo tiempo, se sostiene que las infracciones cambiarias, tributarias y de intermediación financiera que constituirían el delito previo también se habrían cometido “a partir del año 2014”. Esto genera una superposición temporal que el tribunal describe como un obstáculo lógico insuperable.
El lavado de activos exige una secuencia: primero, la existencia de bienes provenientes de un delito consumado; después, los actos tendientes a darles apariencia de licitud. Si el delito precedente y las maniobras de lavado se ubican en el mismo período, resulta imposible determinar si los bienes existían con anterioridad a las maniobras o si fueron generados de manera simultánea. Esa superposición impide verificar el nexo causal que exige el tipo y vulnera el principio de imputación concreta.
La Cámara señala también que el tiempo transcurrido — casi once años desde el supuesto inicio de las maniobras hasta el dictado del procesamiento, con indagatorias recién en 2025 — debilita adicionalmente la acreditación de ese nexo. La figura requiere que los bienes “tengan origen en un delito precedente”, vínculo que no se agota en una correspondencia normativa, sino que demanda una “vinculación fáctico-temporal razonable”.
IV. El punto central: enriquecimiento no justificado no es lavado de activos
La Cámara revocó el procesamiento con una afirmación que merece ser subrayada:
“No existe en nuestro ordenamiento la presunción de ilicitud del origen de los bienes. Sostener lo contrario implica invertir la carga de la prueba y violar el principio de inocencia (artículo 18 de la Constitución Nacional). La mera existencia de operaciones económicas no justificadas o de incrementos patrimoniales sin respaldo no satisface el tipo penal, pues confunde el lavado de activos con una figura de enriquecimiento ilícito no prevista para particulares en el ordenamiento jurídico vigente a la fecha.”
Esta distinción es decisiva. El enriquecimiento ilícito existe como tipo penal en el Código Penal argentino, pero solo para funcionarios públicos (artículo 268 (2) CP). Para los particulares, no hay una figura equivalente. Eso significa que la mera acreditación de que alguien tiene más dinero del que sus ingresos declarados justifican no es, por sí sola, suficiente para imputar lavado de activos. El Estado debe ir un paso más allá: debe identificar de qué delito provienen esos bienes.
El incremento patrimonial no justificado puede ser un indicio. Puede orientar la investigación. Puede justificar medidas cautelares o la profundización de la pesquisa. Pero no puede suplir la exigencia típica del origen ilícito, porque hacerlo equivale a presumir la ilicitud — y esa presunción es incompatible con el principio de inocencia.
V. La autonomía procesal del lavado y sus límites
La Cámara dedica un considerando específico a aclarar el alcance de la llamada “autonomía procesal” del lavado de activos. Es una discusión relevante porque a menudo se la invoca como argumento para prescindir de la acreditación del delito precedente.
El tribunal aclara que el lavado posee autonomía procesal — esto es, puede ser investigado y juzgado con independencia del estado en que se encuentre la pesquisa del hecho precedente —, pero no autonomía sustantiva. La conducta incriminada requiere, como presupuesto material ineludible, la preexistencia de un ilícito penal del que provengan los bienes. Si esa exigencia se abandonara, se consagraría una “fórmula abierta incompatible con los principios de legalidad, presunción de inocencia, imputación concreta y derecho de defensa”, consagrados en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En términos prácticos: la autonomía procesal habilita a investigar el lavado aunque la causa por el delito precedente esté en otro juzgado o incluso no haya sido iniciada. No habilita a imputar lavado sin poder describir, al menos con precisión mínima, cuál fue ese delito precedente.
VI. Consecuencias prácticas y mirada crítica
El fallo es correcto en su punto central. El tipo penal de lavado de activos tiene, como elemento objetivo, la proveniencia de los bienes de un ilícito penal. Si esa exigencia pudiera suplirse con la mera inexplicabilidad del origen del patrimonio, el lavado se transformaría en una herramienta de persecución de la informalidad patrimonial — lo que es una categoría completamente distinta.
La distinción importa en dos planos. En el plano garantístico, porque un imputado tiene derecho a conocer con precisión qué delito precedente se le atribuye como origen de los fondos: de otro modo, no puede ejercer su defensa. En el plano tipológico, porque confundir lavado con enriquecimiento no justificado amplía el tipo penal más allá de lo que la ley define.
Lo que el fallo señala, con respaldo en la jurisprudencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico y de la Cámara Federal de Casación Penal, es que la autonomía procesal del lavado no es una licencia para la vaguedad. Investigar con independencia del estado del hecho precedente es una cosa. Imputar sin poder describir ese hecho precedente es otra. La Cámara traza esa línea con precisión.
Para los operadores del sistema — fiscales, jueces de instrucción, defensores y asesores de compliance —, el mensaje es claro: la estrategia de imputar lavado de activos sobre la base de movimientos patrimoniales injustificados, sin un delito precedente identificado con sus circunstancias mínimas de tiempo, modo y lugar, no resiste el estándar constitucional. El procesamiento no es el punto de llegada de la investigación; es una decisión que exige probabilidad fundada de que se configuró el tipo penal en todos sus elementos. Y el origen ilícito de los bienes es uno de ellos. Uno que no puede presumirse