¿Puede la AFA intentar cerrar la causa penal con una reparación integral?

La causa AFA podría transformarse en un caso testigo para medir el alcance real de la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799).

Recordemos que esta causa comenzó con una denuncia de ARCA presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada el 18 de diciembre. La hipótesis es que la AFA habría actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y aportes previsionales sin ingresar esos fondos dentro del plazo legal. La pesquisa se expandió hasta abarcar 69 hechos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por un monto superior a $19.353 millones.

Los principales imputados son el presidente, los directivos y la persona jurídica. La calificación atribuida por el juzgado fue apropiación indebida agravada de tributos, reiterada en 34 oportunidades, en concurso real con apropiación indebida agravada de recursos de la seguridad social, reiterada en 17 oportunidades.

El expediente avanzó rápido. En febrero de 2026, el fiscal rechazó el planteo de inexistencia de delito formulado por las defensas. El 30 de marzo, el juez dictó el procesamiento de todos los imputados y de la AFA, sin prisión preventiva. Entre sus fundamentos, sostuvo que existió una omisión deliberada de ingresar en término los importes retenidos, lo que habría generado una mayor disponibilidad de fondos para la entidad.

Uno de los datos que más pesó en esa resolución fue financiero: el juez destacó que la AFA mantenía al menos 24 plazos fijos activos mientras incumplía sus obligaciones fiscales, y que en ciertos períodos los intereses obtenidos incluso superaban el monto de la deuda exigida. Para el tribunal, eso debilitó cualquier argumento de imposibilidad material de pago y reforzó la idea de una utilización deliberada de esos fondos como mecanismo de financiamiento.

También se dictaron medidas cautelares y prohibición de salida del país para ambos. Esa restricción fue luego confirmada por la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico el 1 de abril de 2026. El 7 de abril, la misma Cámara rechazó la excepción de falta de acción por inexistencia de delito y dejó en claro que las resoluciones administrativas invocadas por la defensa no bastaban para descartar, de manera manifiesta, la configuración del ilícito. Las apelaciones contra los procesamientos todavía siguen pendientes.

Hasta ahí, la causa parece transitar el carril clásico: denuncia, indagatorias, procesamiento, cautelares y revisión por Cámara. Pero el punto más interesante puede estar en otro lado.

La Ley 27.799, publicada el 2 de enero de 2026, reformó el Régimen Penal Tributario y creó nuevas formas de extinción de la acción penal por pago. El nuevo artículo 16 prevé que, para los delitos de los artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 6°, la administración no formulará denuncia si la deuda y sus intereses se cancelan en forma total e incondicional antes de la denuncia; y, si la acción penal ya se inició, esta puede extinguirse si se cancelan en igual forma la deuda, los intereses y un adicional del 50%, dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Pero la reforma agregó algo todavía más importante: un artículo sin número a continuación del 16 dispuso que la reparación integral del daño del artículo 59 inciso 6 del Código Penal no resulta aplicable en los casos comprendidos en el primer párrafo de ese artículo 16. Es decir, la exclusión rige para los delitos de los artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 6° del régimen. No menciona a los artículos 4° y 7°, que son justamente las figuras de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social.

Y ahí aparece la ventana interpretativa.

Si el legislador prohibió expresamente la reparación integral para una lista cerrada de delitos, la omisión de las figuras de apropiación indebida permite sostener, a contrario, que ese instituto sigue siendo viable para los artículos 4° y 7°. En otras palabras: la ley cerró esa puerta para la evasión y otras figuras afines, pero no la cerró para los agentes de retención o percepción que no ingresan en término los fondos retenidos.

Eso hace que el caso AFA sea especialmente sensible. Porque no se trata solo de una causa de alta exposición pública. Se trata también de un expediente en el que ya existe un incidente de reparación integral abierto, promovido por la defensa de Toviggino, mientras la instrucción sigue en curso y las apelaciones de los procesamientos esperan resolución.

La diferencia práctica entre ambas vías de salida no es menor. El nuevo régimen especial de pago exige cancelación total, incondicional, y si ya hay imputación, también el plus del 50%. La reparación integral, en cambio, puede funcionar como una salida procesal más flexible, orientada a resarcir el perjuicio fiscal mediante un acuerdo homologable judicialmente. Justamente por eso, para imputados con dificultades de liquidez o con interés en negociar una solución menos rígida, esa puede ser la herramienta más atractiva.

Por eso, la pregunta jurídica que deja hoy la causa AFA no es solo si hubo o no apropiación indebida. La pregunta es esta: si la Ley 27.799 prohibió expresamente la reparación integral para varios delitos, pero dejó afuera las figuras de apropiación indebida, podrán los imputados intentar extinguir la acción penal por esa vía?

Mi opinión es que existe un argumento legal serio para intentarlo. Y si ese camino prospera, la causa AFA podría convertirse en el primer gran caso en mostrar que la reforma no solo endureció y reordenó el régimen penal tributario, sino que también abrió una salida defensiva concreta para un tipo muy específico de imputados.