La muerte de un anestesiólogo en su departamento de Palermo, fármacos hospitalarios a su alrededor y una vía intravenosa aún conectada. Ese fue el punto de partida de una investigación que rápidamente desbordó el hecho inicial y expuso algo más profundo: un circuito de sustracción y consumo de anestésicos quirúrgicos que, según surge de la causa, funcionó durante casi tres años dentro de instituciones de salud sin que nadie lo detectara. El escándalo mediático es comprensible. Pero el análisis jurídico exige ir más allá de los audios virales y los apodos en los grupos de WhatsApp.
La pregunta que realmente importa no es quiénes son los responsables, sino qué falló primero: ¿el sistema o las personas?
La respuesta no es indiferente, y tiene consecuencias jurídicas concretas.
El propofol y el fentanilo son fármacos de acceso exclusivamente hospitalario. No se consiguen en farmacias. Su egreso del circuito interno debería quedar registrado en sistemas de trazabilidad, protocolos de control y auditorías periódicas. Si esos controles existían y fallaron, hay una falla de compliance institucional que merece ser analizada con la misma seriedad que la conducta individual de los imputados. Si directamente no existían, el problema es estructuralmente más grave. En cualquier caso, la pregunta que las instituciones involucradas —y el sistema de salud en general— tendrán que responder no es solo quién se llevó los fármacos, sino por qué fue posible llevárselos durante tanto tiempo sin que nadie lo advirtiera.
En materia de compliance, la ausencia o el defecto de controles internos no exime de responsabilidad institucional: en ciertos contextos la agrava, porque convierte una conducta individual en una falla sistémica que la organización toleró o facilitó. La investigación judicial, centrada por ahora en las personas físicas imputadas, tarde o temprano deberá mirar también hacia adentro de las instituciones.
Sobre la responsabilidad individual, la causa no fue formalmente caratulada todavía, y esa decisión procesal es en realidad la más importante del expediente. Las opciones sobre la mesa son básicamente dos. El hurto del artículo 162 del Código Penal —apoderamiento de cosa mueble ajena— tiene una pena máxima de dos años y describe parcialmente lo ocurrido, pero resulta insuficiente para capturar la dimensión real de la conducta. La administración fraudulenta del artículo 173 inciso 7, en cambio, apunta a quien tiene a su cargo la custodia o administración de bienes ajenos y los perjudica violando sus deberes: pena de hasta seis años, y una figura que encuadra con mayor precisión la situación de un médico con acceso autorizado a la cadena de custodia de medicamentos que los desvía sistemáticamente para uso extrahospitalario. No es un ladrón que fuerza una cerradura. Es alguien que abusa de una posición de confianza institucional. La distinción no es meramente técnica: define el reproche, la pena y el mensaje que la Justicia le manda al sistema.
Hay además un elemento que la investigación tiene en el radar y que merece atención específica: la asimetría jerárquica entre los imputados. Un médico de planta con años de trayectoria institucional no ocupa el mismo lugar que una profesional en formación en términos de poder, acceso y capacidad de decisión. Si hubo un circuito de suministro y distribución, el análisis de autoría y participación debe contemplar esa realidad. Imputar simétricamente a dos personas en posiciones estructuralmente distintas, sin desagregar con precisión quién hacía qué y con qué poder de decisión, es jurídicamente cuestionable. Este es, probablemente, el eje donde se jugarán las defensas más relevantes del caso.
Pero hay una dimensión que la cobertura mediática prácticamente no abordó, y que puede ser la más grave de todas: la posible responsabilidad penal por la muerte misma.
La causa que investiga el fallecimiento tramita como averiguación de muerte dudosa en un expediente separado, sin imputados por ahora. Sin embargo, si el peritaje del celular del médico fallecido —actualmente bloqueado y en proceso de intervención técnica— revela que los fármacos hallados en su departamento llegaron a través del mismo circuito investigado, el escenario penal puede escalar de manera sustancial. El artículo 203 del Código Penal, que reprime el suministro de sustancias peligrosas para la salud fuera de toda autorización médica, con agravante cuando resulta la muerte, es una vía de imputación que no requiere probar presencia en el lugar del hecho ni intención homicida directa. Alcanza con acreditar que se suministraron sustancias sabiendo su peligrosidad. Y si se considera que el propofol administrado sin monitoreo clínico puede causar apnea y muerte en cuestión de minutos —dato que cualquier anestesiólogo conoce con precisión—, el argumento del dolo eventual tampoco puede descartarse: quien organiza o facilita el consumo de esas sustancias fuera de todo control médico acepta, al menos, ese resultado como posible.
La conexión formal entre ambos expedientes depende hoy de dos piezas que todavía no están sobre la mesa: el contenido del celular y los resultados toxicológicos definitivos. Cuando esas piezas aparezcan, la causa puede dejar de ser un caso de sustracción de fármacos para convertirse en algo jurídicamente mucho más complejo.
Los casos de alta repercusión pública tienen un riesgo conocido: generan certezas antes de que existan pruebas. Los imputados son inocentes hasta que una sentencia firme diga lo contrario. No es una formalidad ni un tecnicismo: es la arquitectura básica del Estado de Derecho, y ninguna presión mediática debería ser suficiente para erosionarla.
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