Discrepancias Significativas: El disparador que redefine el riesgo entre el Régimen Simplificado y el General

La Ley de Inocencia Fiscal (N° 27.799) y su reglamentación mediante el Decreto 93/2026 han instaurado un ecosistema de estabilidad fiscal condicionada

Bajo este nuevo paradigma, el concepto de discrepancia significativa no es solo una métrica de ajuste, sino la condición resolutoria que puede derribar los beneficios de seguridad jurídica y extender los plazos de liberación patrimonial.

Si bien los umbrales para configurar una discrepancia son uniformes, su impacto jurídico y patrimonial varía drásticamente según el régimen en el que se encuentre el contribuyente.

1. El estándar unificado de la “Discrepancia”

Para ambos universos, la discrepancia significativa se configura objetivamente cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) verifica:

  • Margen del 15%: Un incremento del impuesto determinado o reducción de quebrantos superior al 15% de lo declarado
  • Umbral Penal: Una diferencia que supere el monto de evasión simple ($100.000.000 para el ejercicio 2025)
  • Documentación Apócrifa: La detección de facturas o documentos falsos, con independencia del monto involucrado

Es imperativo notar que la carga de la prueba recae exclusivamente en la ARCA, quien solo puede fundarse en datos de sus sistemas o provistos por terceros, prohibiéndose inicialmente el uso de presunciones patrimoniales para este fin o de información o documentación aportada por el propio contribuyente.

2. Régimen General: Compartimentos Estancos y Prescripción

En el Régimen General, el beneficio para el contribuyente cumplidor que introdujo la ley de inocencia fiscal es la reducción del plazo de prescripción de 5 a 3 años.

Extensión Localizada: Si el Fisco determina una discrepancia significativa en un período puntual (ej. mes 40), ese ejercicio específico ve extendido su plazo de prescripción a 5 años.

Efecto Estanco: A diferencia del sistema simplificado, aquí cada año funciona de manera independiente. Un ajuste en el 2026 no “contamina” ni extiende automáticamente el riesgo sobre los años anteriores o posteriores, que mantienen su curso de liberación trienal si fueron correctamente presentados y pagados.

3. Régimen Simplificado (RDJS): El Efecto “Dominó”

Para quienes optan por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada (RDJS), la discrepancia significativa es letal para la retrospectiva fiscal.

Caída del “Período Base”: El éxito del régimen depende de la integridad del último período declarado y pagado. Si en este período se detecta una discrepancia significativa, decae el efecto liberatorio material del pago.

Desbloqueo del Pasado: Al caer el período base, se desploma el “Tapón Fiscal” (presunción de exactitud) sobre Ganancias e IVA de los años anteriores no prescriptos.

Retorno de las Presunciones: Una vez “desbloqueado” el pasado, ARCA recupera la facultad de aplicar la ficción del incremento patrimonial no justificado (Art. 18 inc. f, Ley 11.683).

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4. La “Prescripción Condicionada” y el riesgo del Mes 40

Un error técnico frecuente es considerar al período como prescripto al cumplirse el tercer año de forma absoluta. Mi criterio es que estamos ante una prescripción bajo condición resolutoria.

Si ARCA notifica una determinación de oficio con discrepancia significativa después de los 3 años pero antes de los 5, el plazo de 5 años se vuelve operativo retroactivamente, validando el ajuste del fisco.

5. Estrategia de Blindaje: La “Vacuna” Reglamentaria

El Decreto 93/2026 ofrece una herramienta procesal crítica: la rectificativa espontánea.

Si el contribuyente rectifica su declaración jurada y paga antes de la Orden de Intervención, la diferencia no se computa para evaluar la discrepancia significativa, salvando tanto la prescripción corta como el Tapón Fiscal.

En el RDJS, si el hallazgo es de facturas apócrifas, la ventana para rectificar y “vacunar” el beneficio se extiende incluso hasta la notificación de la Determinación de Oficio.

6. El efecto liberatoria del pago y sus consecuencias

Bajo el amparo del artículo 39 de la Ley N° 27.799, el pago de la declaración proforma (o la ajustada por el contribuyente) tiene un efecto liberatorio material. Esto implica que si la ARCA detecta un error técnico o una omisión de ingresos que representa un ajuste, por ejemplo, del 10% (por debajo del umbral del 15% y de los $100 millones), el organismo se encuentra ante un impedimento legal para reclamar esa diferencia. La ley considera que la obligación tributaria del período base ha sido satisfecha íntegramente. Sin “discrepancia significativa”, no hay impugnación válida del período y, por ende, el Fisco pierde el derecho de crédito sobre ajustes menores.

A diferencia del esquema anterior, en el Régimen General no existe un efecto liberatorio material que clausure la deuda de forma inmediata tras el pago. Aquí, el concepto de “discrepancia significativa” es únicamente la “llave” para desplazar la prescripción de 3 a 5 años. Esto significa que, dentro de los primeros 3 años, la ARCA conserva sus facultades plenas para determinar y exigir el ingreso de cualquier diferencia de impuesto, incluso si esta es ínfima (ej. un ajuste del 2% o 5%). En este régimen, el contribuyente “cumplidor” solo gana el derecho a que no lo revisen después del mes 36, pero no se beneficia de una condonación implícita de errores menores detectados en tiempo oportuno.