En el marco del Programa Internacional “Derecho Penal Económico” realizado en Barcelona, una de las exposiciones más interesantes fue la del profesor Ricardo Robles, centrada en un problema clásico y siempre actual: cómo atribuir responsabilidad penal en estructuras empresariales complejas.
La cuestión no es menor. Muchas de las categorías tradicionales de autoría y participación fueron pensadas para hechos cometidos en marcos interpersonales más simples, y presentan dificultades cuando se las traslada al funcionamiento de una organización.
1. La empresa como estructura de competencias
Uno de los puntos centrales de la clase fue que la empresa no puede analizarse como una suma indiferenciada de personas, sino como una estructura organizada de competencias.
Por un lado, opera una lógica vertical, marcada por la jerarquía y la distribución de funciones de dirección y ejecución. Por otro, funciona una lógica horizontal, determinada por la especialización y la división del trabajo.
De esa combinación surge un dato decisivo para la imputación: no todos responden por todo, sino por aquello que queda comprendido dentro de su ámbito de competencia.
2. El problema de las conductas neutrales
Otro tema particularmente relevante fue el de las llamadas conductas neutrales, una cuestión central para pensar la responsabilidad penal dentro de organizaciones complejas.
El problema aparece cuando una persona realiza una conducta que, considerada en sí misma, forma parte de su rol profesional, comercial u organizacional y, sin embargo, esa intervención termina conectándose con un hecho ilícito cometido por otro. En estos casos, la dificultad consiste en determinar cuándo esa actuación sigue siendo una prestación socialmente estandarizada y cuándo pasa a convertirse en una contribución penalmente relevante.
La tesis expuesta en clase subraya que el mero conocimiento de que la propia conducta puede insertarse en un contexto ilícito no alcanza, por sí solo, para afirmar automáticamente una imputación penal. En principio, quien actúa dentro de los márgenes de su función no deja de hacerlo solo porque advierta que su intervención podría ser utilizada por un tercero en el marco de un hecho delictivo.
Por eso, la discusión no debería resolverse únicamente a partir de lo que el sujeto sabe, sino también a partir de cómo actúa y de qué significado adquiere objetivamente su conducta dentro del contexto en cuestión. El punto de quiebre aparece cuando la intervención deja de ser una prestación ordinaria y se adapta específicamente a las necesidades del hecho ilícito, de modo tal que ya no pueda ser comprendida como una actuación neutral, sino como un aporte funcional al delito.
Visto así, la categoría obliga a trazar una distinción fina entre el ejercicio regular de un rol y la colaboración con un hecho ajeno. Y justamente ahí radica su importancia para el derecho penal de la empresa: permite evitar tanto una expansión excesiva de la punibilidad sobre intervenciones cotidianas como una comprensión ingenua de ciertas colaboraciones que, bajo apariencia de normalidad, pueden constituir aportes relevantes al hecho.
3. La dificultad de imputar responsabilidad a los niveles superiores
El gran dilema es cómo castigar al administrador si el empleado de abajo no ha cometido un delito (por actuar de forma neutral). Las herramientas tradicionales del derecho penal se enfrentan a muros insalvables en la empresa:
- El callejón sin salida de la participación: Según la teoría clásica, para que haya un inductor (el jefe), debe haber un autor (el empleado) que realice un hecho antijurídico. Si el subordinado actúa dentro de su rol profesional de forma neutral, no hay autoría abajo; y sin autoría, la participación del de arriba se desvanece por el principio de accesoriedad.
- El problema de la autoría mediata: Para tratar al jefe como “autor mediato” (quien comete el delito a través de otro), se requiere que el empleado sea un instrumento. Sin embargo, en la empresa lícita, el empleado no suele ser un “instrumento” en el sentido técnico: no suele estar bajo coacción extrema, no es un incapaz ni actúa engañado por error. Es una persona con criterio que simplemente cumple su cometido.
- Por qué Roxin no es la solución en la empresa: Claus Roxin creó la teoría de la “autoría mediata por aparatos organizados de poder” para casos como el de Adolf Eichmann o dictadores militares. Esta teoría exige tres requisitos: poder de mando, fungibilidad (sustituibilidad) de los ejecutores y, el más importante, que la organización esté desvinculada del derecho (sea una organización criminal).
- Robles enfatiza que las empresas normales no son organizaciones criminales. No bloquean el mensaje de la ley ni operan al margen del sistema jurídico de forma permanente; por tanto, no se puede usar esta teoría para “saltarse” las reglas de la autoría clásica y condenar al administrador solo por estar arriba.
4. Delegación, control y comisión por omisión
En ese contexto, cobró especial importancia la idea de comisión por omisión.
Cuando quien dirige una organización tiene una posición de garantía respecto de determinados riesgos, la cuestión deja de pasar únicamente por la orden impartida y se desplaza hacia otro plano: qué debía impedir y no impidió.
Desde esa perspectiva, la delegación de funciones no elimina necesariamente la responsabilidad, pero sí transforma su contenido. Quien delega puede conservar deberes de supervisión, vigilancia y control, cuyo incumplimiento puede resultar jurídicamente relevante.
Una reflexión final
Uno de los aportes más valiosos de esta clase fue mostrar que, en el ámbito empresarial, la imputación penal exige atender menos a intuiciones generales y más a la distribución concreta de competencias dentro de la organización.
En definitiva, la pregunta central no es solo quién ejecutó materialmente el hecho o quién obtuvo un beneficio, sino también quién tenía la competencia jurídica para evitarlo.
En los próximos newsletters voy a seguir compartiendo algunas de las ideas y discusiones planteadas por otros profesores del programa, que también resultaron especialmente valiosas.
Los leo en los comentarios: 👉 ¿hasta dónde debería proyectarse la responsabilidad penal de quienes ocupan funciones de dirección dentro de una empresa?