Ransomware: ¿Pagar el rescate puede constituir un delito para la empresa?

En un ataque de ransomware, pagar suele presentarse como una decisión de continuidad: volver a operar, recuperar datos, contener una filtración. Pero hay una pregunta que muchas veces queda fuera de la sala cuando se toma la decisión: ¿a quién estamos financiando con ese pago?

Porque, en la práctica, el rescate —frecuentemente en cripto— no es un “costo”, sino una transferencia directa de fondos a una organización criminal. Y si hay indicios sólidos de que detrás de ese grupo puede haber vínculos con estructuras terroristas o redes que las abastecen, entonces el pago deja de ser un tema exclusivamente técnico o financiero y puede abrir un frente penal relevante: la posibilidad de que se lo lea como financiamiento del terrorismo (art. 306 CP).

El punto no suele estar en el acto material de pagar —que es evidente—, sino en el “contexto” en el que se paga. Dicho en simple: qué se sabía (o qué no podía ignorarse) sobre el destino probable del dinero.

Si existen señales fuertes, reportes o atribuciones creíbles que muestran que el receptor opera dentro de un ecosistema que financia actividades terroristas, la discusión pasa a ser si la empresa, al pagar, asumió ese riesgo aun cuando su objetivo inmediato fuera “salvar la operación”. En otras palabras:

aunque nadie “quiera” financiar terrorismo, ¿puede sostenerse que se avanzó igual aceptando que esa consecuencia era posible o probable? Esa es la zona gris donde una decisión tomada bajo presión puede terminar siendo revisada con lentes penales.

No es una hipótesis de laboratorio. El derecho comparado muestra por qué esta discusión existe: en España hubo casos vinculados a los pagos exigidos por ETA bajo el llamado “impuesto revolucionario” donde se discutió si la entrega de dinero podía tener relevancia penal como colaboración/financiación, y allí el debate giró —entre otros puntos— sobre cuánto pesó la coacción, el miedo y si era exigible otra conducta.

Sin trasladar mecánicamente esas categorías, el mensaje es claro: que el pagador se sienta “víctima” no siempre clausura la discusión sobre la responsabilidad derivada del pago, si se entiende que el dinero alimenta estructuras especialmente sensibles.

Ahora bien, incluso si el tema llegara a ese terreno, no todo está dicho.

En casos concretos puede discutirse que la decisión se tomó en un contexto límite, con alternativas reales acotadas, bajo presión intensa, o frente a riesgos graves e inminentes; y ahí aparecen defensas posibles que dependen siempre de hechos y prueba. Por eso, más allá del debate jurídico, hay un aprendizaje empresarial: cuando el reloj corre, no alcanza con decidir; hay que poder explicar después por qué se decidió y qué información se tuvo en cuenta.

Les dejo planteada la duda: en ciertos ransomware, ¿pagar es solo gestión de crisis… o también puede ser una exposición penal por el destino del dinero? Los leo en los comentarios.