¿Pueden oponerse los organismos del Estado a un acuerdo de reparación integral?

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (10/6/2025) analizó los recursos de la UIF y el BCRA contra la decisión del TOF N°2 de Córdoba que había extinguido la acción penal por reparación integral —con conformidad del Ministerio Público Fiscal (MPF)— y sobreseído a varios imputados en el caso “CBI”, tras un acuerdo por $201.000.000. Casación declaró mal concedidos esos recursos.

Recordemos que la aplicación de la Reparación Integral del Perjuicio como causal de extinción de la acción penal se encuentra prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal (CP), el cual establece que la acción penal se extinguirá por “conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”

La opinión del MPF, como titular de la acción penal, es fundamental. El consentimiento del MPF debe estar motivado y razonable, y si bien es, en principio, vinculante, está sujeto a control jurisdiccional de logicidad y fundamentación.

Por su parte, la oposición o rechazo de la damnificada al ofrecimiento de reparación integral generalmente no es un obstáculo ni un requisito específico para la procedencia del instituto.

Cuando la damnificada rechaza el ofrecimiento de pago (particularmente en casos fiscales), el monto ofrecido en concepto de reparación del daño puede ser derivado o donado a una institución de bien público.

¿Cuál fue el eje de la discusión en el fallo analizado? La legitimación de las querellas estatales para oponerse si el fiscal dio su conformidad.

La jueza Ángela E. Ledesma adhirió a la inadmisibilidad por falta de legitimación activa de las querellas estatales. Y lo hace sobre tres ideas fuerza:

  1. No son “víctimas” en sentido tradicional. Quien invoca legitimación no es una persona (física o jurídica) que sufre el menosprecio directo del bien jurídico, sino el Estado a través de uno de sus organismos. Por eso, antes hay que delimitar qué puede hacer un acusador particular cuando es un organismo estatal, sobre todo si el fiscal desistió de la pretensión punitiva al apoyar la reparación integral.
  2. Identidad de intereses con el MPF. Los organismos estatales que querellan representan al Estado “al igual que el MPF”, de modo que hay identidad de intereses. Consecuencia: su intervención debe leerse como la de un tercero coadyuvante del MPF, para evitar conflictos cuando hay criterios divergentes entre órganos estatales sobre continuar (o no) la persecución.
  3. Si el fiscal consiente la extinción, la querella estatal no puede sostener sola la persecución. Con la opinión favorable del fiscal a la reparación integral, la UIF y el BCRA no mantienen legitimación activa para oponerse. Permitirlo abriría una desigualdad en perjuicio del imputado, expuesto a dos agencias estatales con intereses equivalentes.

El telón de fondo: la unidad del Ministerio Público Fiscal

El voto subraya el principio de unidad de acción del MPF: es un órgano único e indivisible, y sus funcionarios deben expresar hacia afuera una línea coherente. Las fallas de comunicación o diferencias internas no pueden operar en contra de los imputados.

Además, recuerda la objeción constitucional—señalada por la Procuración General—frente al intento de un órgano del Poder Ejecutivo de “arrogarse” la acción penal pública cuando el fiscal tiene un criterio opuesto.

¿Qué deja este fallo para la práctica?

Si el MPF acompaña un acuerdo de reparación integral que extingue la acción (art. 59 inc. 6 CP), una querella estatal (UIF/BCRA/ARCA, etc.) no puede sostener por sí sola la persecución: su papel es coadyuvar, no sustituir al MPF.

La categoría “víctima” no se extiende automáticamente al Estado-organismo para estos fines; la legitimación se restringe cuando el interés es estatal y ya está representado por el MPF.

Pregunta abierta para la comunidad

A la luz del razonamiento de Ledesma —que ubica a UIF/BCRA como terceros coadyuvantes del fiscal—:

¿Deberían los organismos del Estado gozar del mismo estatus procesal que una “víctima” para oponerse a la reparación integral, incluso cuando el MPF consintió la extinción penal?

Los leo en los comentarios: ¿cómo equilibrar la persecución penal oficial con las garantías del imputado cuando intervienen múltiples agencias estatales? 🤔