Actualizar quebrantos por inflación no es evadir: el fallo que trazó el límite

El 17 de abril de 2026, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, a cargo del juez Marcelo Ignacio Aguinky, archivó la causa N° CPE192/2026, caratulada “Buenos Aires Arena S.A. y Otros s/ Infracción Ley 27.430”.

La ARCA había denunciado a la empresa por supuesta evasión agravada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2023, por la suma de $2.362.457.971,13. El juez concluyó que no existió ardid, que no existió engaño y que, en consecuencia, no existió delito. Para entender por qué llegó a esa conclusión —y por qué el debate no está completamente cerrado— hay que recorrer el mecanismo técnico que está en el centro del caso: la actualización de quebrantos impositivos por inflación.

I. EL MECANISMO: QUÉ SON LOS QUEBRANTOS Y POR QUÉ IMPORTA SU ACTUALIZACIÓN

Un quebranto impositivo es, en términos simples, una pérdida fiscal. Si en un ejercicio una empresa registra más gastos deducibles que ingresos gravados, cierra ese año con quebranto. El artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias permite trasladar ese quebranto hacia adelante y compensarlo contra las ganancias de los ejercicios siguientes, dentro de los cinco años posteriores.

El problema en Argentina es la inflación. Un quebranto generado en 2020 tiene un valor nominal muy distinto al que tendría si se lo actualizara a 2023. La diferencia puede ser de diez veces o más. Y esa diferencia define si, al compensarlo, la empresa arroja una ganancia imponible o un nuevo quebranto.

Buenos Aires Arena S.A. eligió actualizar sus quebrantos de ejercicios anteriores por inflación, utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPIM) publicado por el INDEC. Al hacerlo, incluyó en el rubro “ajustes al resultado contable” de su declaración jurada del ejercicio 2023 la suma de $8.879.947.306,31 en concepto de actualización de quebrantos, subsumida dentro de un total de $10.302.654.664,04 bajo ese concepto. El resultado: en lugar de declarar una ganancia imponible, la empresa cerró el ejercicio con un quebranto impositivo de $510.412.421,83, que luego utilizó en el ejercicio siguiente.

La ARCA interpretó que esa actualización estaba prohibida y que, al realizarla e incluirla en un rubro compuesto en lugar del rubro específico de “quebrantos computables”, la empresa había incurrido en evasión tributaria agravada. De ahí la denuncia penal.

II. EL NUDO DEL CASO: EL RUBRO DE LA DECLARACIÓN Y LA NOTA DIGITAL

La declaración jurada del Impuesto a las Ganancias tiene una estructura de rubros predefinidos. El rubro habitual para exponer quebrantos de ejercicios anteriores se denomina “quebrantos computables”. Buenos Aires Arena no lo utilizó. En cambio, incluyó el monto actualizado dentro del rubro “ajustes al resultado contable”, donde ese importe quedó subsumido dentro de un total mayor.

Para la ARCA, esa elección fue deliberada: colocar el monto en un rubro compuesto lo hacía indetectable en los cruces sistémicos automáticos del organismo. Solo una fiscalización profunda podría descubrirlo.

Pero el juez acudió a un elemento que surgía del propio expediente y que la acusación no logró neutralizar: el mismo día en que se presentó la declaración jurada —el 13 de mayo de 2024, a las 18:58:49 horas— la empresa efectuó la presentación digital N° 202400577386, a las 19:03:36 horas. Con cuatro minutos y cuarenta y siete segundos de diferencia.

En esa nota, la empresa explicó exactamente lo que había hecho. Informó que había actualizado los quebrantos por inflación, indicó el IPIM como índice aplicado, señaló el rubro del formulario donde había reflejado la actualización, y detalló el fundamento normativo de su decisión. Fue la propia nota —y no un sistema de alerta del fisco— la que motivó la apertura de la fiscalización. El informe final de la Orden de Intervención N° 2.272.577 lo consigna expresamente en su punto “Origen del Cargo”: las actuaciones tienen como origen la presentación digital N° 202400577386 efectuada por el representante de Buenos Aires Arena S.A. el 13/05/2024.

Sobre esa base, el juez concluyó que no puede haber ardid cuando el contribuyente informa al fisco, en tiempo real, qué hizo y cómo lo hizo. El engaño requiere ocultamiento. Y aquí no hubo ocultamiento.

III. EL ARGUMENTO NORMATIVO: ¿ESTABA REALMENTE PROHIBIDA LA ACTUALIZACIÓN?

Buenos Aires Arena no actualizó los quebrantos de manera caprichosa. Construyó un argumento normativo que la nota digital desarrolló con precisión. La empresa sostuvo, en síntesis, que:

*️⃣ El artículo 85 de la Ley 27.430 estableció que la prohibición de actualización prevista en el artículo 10 de la Ley 23.928 (ley de convertibilidad) no resulta aplicable en materia del Impuesto a las Ganancias.

*️⃣ El artículo 17 de la Ley 27.430, al sustituir el texto del artículo 25 de la Ley de Ganancias, mantuvo el mecanismo de actualización de quebrantos sin efectuar remisión alguna al artículo 93 de la ley del gravamen.

*️⃣ El artículo 94 del Decreto 1170 eliminó del Decreto Reglamentario la remisión al artículo 93 de la ley, prescindiendo así de toda referencia a que los quebrantos deben actualizarse conforme al artículo 39 de la Ley 24.073.

*️⃣ En consecuencia, actualmente no existe ninguna norma específica ni remisión alguna que establezca que los quebrantos deban actualizarse conforme a ese régimen restrictivo. Por tanto, resulta razonable sostener que debe aplicarse el mecanismo propio de actualización establecido en el artículo 25 de la ley del gravamen.

La ARCA discrepa y sostiene la prohibición sobre la base de un dictamen interno propio, no dictado específicamente para este caso. También cuestiona que el IPIM sea el índice correcto para esta actualización.

El juez no resuelve quién tiene razón en el fondo. Ese es el alcance exacto del fallo: el archivo no dice que Buenos Aires Arena actuó correctamente desde el punto de vista tributario. Lo que dice es que este desacuerdo es una controversia normativa, y que el artículo 19 de la Ley 27.430 impide formular denuncia penal cuando el perjuicio fiscal obedece a diferencias de criterio vinculadas con la interpretación normativa o aspectos técnico-contables de liquidación. Además, la Ley 27.799 —invocada expresamente por el juez— impone construir la relación fisco-contribuyente sobre el principio de buena fe bilateral.

IV. EL ARGUMENTO DE LA ARCA QUE EL FALLO NO RESPONDE DEL TODO

La posición de la acusación no es débil y merece ser tomada en serio, más allá del resultado.

La ARCA señaló que la declaración jurada es el acto comunicativo principal en el sistema de autodeterminación tributaria. Está construida con números. Y esos números, vistos en forma aislada, no mostraban quebranto en el rubro “quebrantos computables”: mostraban cero. El quebranto real estaba disuelto dentro de un rubro compuesto, sin que la estructura formal del formulario lo identificara de manera directa.

La nota digital, argumentó el organismo, es un accesorio construido con palabras. Y las palabras no subsanan lo que los números expresaron de manera confusa. Además —y esto también surge del expediente— la nota no detallaba los montos específicos que componían ese ajuste: era una comunicación genérica que no permitía al fisco hacer el cruce directamente a partir de ella.

La ARCA sumó un argumento de conducta: en los ejercicios 2021 y 2022, Buenos Aires Arena había utilizado quebrantos de períodos anteriores a valores históricos, imputándolos luego del resultado impositivo como quebrantos computables. Solo en 2023 cambió de metodología. Y en el ejercicio 2024 volvió a la modalidad histórica. Para el organismo, ese comportamiento bifacético no es una postura técnica sostenida en el tiempo, sino una excepción puntual que generó un beneficio puntual: la creación de un quebranto de $510.412.421,83 utilizado en el ejercicio siguiente.

El fisco también planteó una cuestión técnica adicional: la modificación del orden de imputación no es inocua. La determinación del resultado neto final es un procedimiento escalonado en el que se arriba sistemáticamente a subresultados —contable, impositivo, neto, neto final—. Incluir el monto de los quebrantos dentro de los “ajustes al resultado contable” altera ese orden y genera un efecto sobre la base imponible diferente del que produciría incluirlo en el rubro correcto, luego del resultado impositivo.

El juez escucha todos esos argumentos y aun así archiva. Pero la tensión entre la transparencia de la nota y la opacidad relativa del formulario es el espacio donde, en otro expediente y ante otro tribunal, los argumentos podrían resolverse de manera diferente.

V. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS Y REFLEXIÓN FINAL

Lo que este caso pone en el centro de la escena es una pregunta que el derecho penal tributario argentino todavía no terminó de responder: ¿cuándo una decisión de liquidación discutible se convierte en ardid?

El juez Aguinky trazó una línea. Dijo que cuando el contribuyente informa, fundamenta y transparenta su criterio ante el fisco, no hay engaño posible. Que la buena fe documentada no puede transformarse en causa penal. Y que no todas las controversias tributarias deben dilucidarse a través de una causa penal: la Ley 11.683 le da al fisco atribuciones muy amplias para resolver estas cuestiones por vía administrativa.

¿Qué lleva de este caso quien trabaja en materia tributaria, penal o de compliance?

1️⃣. La comunicación proactiva con el fisco es una herramienta de defensa penal. No es solo una buena práctica administrativa. En este caso fue el argumento que desactivó una denuncia penal por más de dos mil millones de pesos. Documentar lo que se hace, avisar al fisco lo que se está haciendo y fundamentarlo normativamente tiene efectos jurídicos concretos.

2️⃣. Esa comunicación tiene que ser completa. Una nota que no incluye los montos específicos puede no alcanzar. La nota de Buenos Aires Arena fue suficiente para el juez de este caso, pero la ARCA cuestionó su completitud. Ese debate puede resolverse diferente en otro tribunal.

3️⃣. Las posiciones tributarias que se apartan del criterio histórico de la empresa son las más vulnerables penalmente. Un cambio aplicado solo en el ejercicio que conviene económicamente —y abandonado en el ejercicio siguiente— requiere una justificación normativa muy sólida y una documentación muy robusta. La excepción sin respaldo es un indicio que la acusación explotará.

4️⃣. El archivo no cierra el frente administrativo. El juez ordenó expresamente remitir testimonios a la ARCA para que investigue la posible comisión de infracciones previstas por la Ley 11.683. El proceso penal terminó; el procedimiento tributario no.

5️⃣. Para empresas con quebrantos de ejercicios anteriores —que en Argentina, después de años de recesión e inflación, son muchas— la pregunta de cómo y a qué valor computarlos sigue siendo una zona gris. Este fallo dice que resolver esa zona gris de manera transparente no es evasión. Pero no dice que el criterio adoptado sea correcto.

La transparencia, entonces, no es solo una actitud. Es una técnica. Y tiene que expresarse tanto en las palabras como en los números. En materia penal tributaria, la diferencia entre una posición discutible y un ardid puede estar, precisamente, en esa distinción