ART. 19 DE LA LEY 27.799: Una dispensa administrativa que pierde efecto cuando la acción penal ya fue iniciada

La causa AFA y el alcance real de la Ley de Inocencia Fiscal una vez promovida la persecución penal.

Desde su sanción, la Ley 27.799 generó expectativas como herramienta defensiva en materia penal tributaria. Una de las lecturas más difundidas fue que el art. 19 —que establece supuestos en los que ARCA no debe formular denuncia— podría operar como escudo incluso dentro de un proceso ya en curso. Un fallo dictado el 7 de mayo de 2026 en la causa AFA cierra esa lectura.

I. EL PLANTEO

En el marco de la causa CPE N° 1182/2025, la defensa solicitó el apartamiento de ARCA como querellante con dos argumentos. El principal: que el art. 19 de la Ley 27.799 impedía la persecución penal porque la deuda se originaba en una controversia sobre el momento oportuno del pago. El subsidiario: que, al haber cancelado la AFA la deuda con sus intereses, ARCA había perdido su condición de ofendida y su legitimación para querellar.

Ambos planteos fueron rechazados por el juez Diego Alejandro Amarante mediante resolución del 7 de mayo de 2026 (CPE N° 1182/2025/16). El eje del fallo —y de este análisis— es el primero.

II. EL ART. 19 COMO DISPENSA ADMINISTRATIVA: SU NATURALEZA Y SUS LÍMITES

El art. 19 de la Ley 27.799 dispone que el organismo recaudador no formulará denuncia penal cuando surja de manera manifiesta que no se verificó la conducta punible, o cuando el perjuicio fiscal obedezca a diferencias de criterio vinculadas con la interpretación normativa o aspectos técnico-contables de liquidación.

El tribunal encuadró esta norma como una regla de procedimiento administrativo tributario: una dispensa que habilita al funcionario competente a abstenerse de formular denuncia penal cuando se verifican determinadas condiciones, pero que opera exclusivamente en sede administrativa y antes de que la persecución penal sea promovida. No integra el Código Procesal Penal de la Nación. No modifica los presupuestos de tipicidad del Régimen Penal Tributario. No constituye una causal de extinción de la acción penal. Su única función es regular la decisión del organismo recaudador de denunciar o no denunciar, dentro del ámbito administrativo que le es propio.

Una vez que la denuncia fue formulada y el proceso penal promovido, esa dispensa pierde virtualidad. Ya no tiene aptitud para incidir sobre la punibilidad de las conductas ni sobre las facultades de la parte querellante dentro del expediente judicial. El fallo lo formula con precisión: el art. 19 le impone al organismo recaudador un límite en el ejercicio de su facultad de denuncia, pero no regula el proceso penal ni las facultades del querellante dentro de él.

El argumento temporal refuerza esta conclusión. La causa AFA se inició el 12 de diciembre de 2025; la Ley 27.799 fue promulgada el 2 de enero de 2026. Pero el tribunal aclara que la lógica no cambiaría ni en el caso contrario: aun si la denuncia hubiera sido posterior a la sanción de la ley, la conducta investigada —retención de fondos con obligación de depósito clara e inequívoca— no configura la controversia interpretativa que el art. 19 requiere. Para que esa figura opere, la discrepancia debe recaer sobre el alcance mismo de la obligación tributaria y exteriorizar un grado de incertidumbre normativa real, seria y objetiva. El incumplimiento de un deber que surge con claridad de la ley no es controversia interpretativa: es incumplimiento.

III. EL ROL DE ARCA COMO QUERELLANTE Y LA CONSECUENCIA DEL PAGO

La defensa planteó además que, al haber cancelado la AFA su deuda —capital e intereses resarcitorios—, ARCA había perdido su condición de ofendida. El tribunal también lo rechazó, aunque este punto es de segundo orden frente a la cuestión central ya analizada.

La legitimación del organismo recaudador para querellar no está condicionada a la existencia de deuda pendiente, sino a la presunta comisión de un delito tipificado en el Régimen Penal Tributario. El proceso no persigue el cobro de la deuda: persigue conductas ilícitas. La cancelación extemporánea del capital e intereses no neutraliza la lesión al bien jurídico supraindividual comprometido —la Hacienda Pública en sentido dinámico—, que trasciende el perjuicio patrimonial concreto. El pago resuelve la deuda. No resuelve el delito. Y no desplaza al Fisco del proceso penal.

IV. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS

El art. 19 de la Ley 27.799 es inoponible en causas penales tributarias ya iniciadas. Su único ámbito de operatividad es la sede administrativa, antes de la denuncia. Las estrategias defensivas que pretendan proyectarlo sobre el proceso judicial carecen de sustento normativo y encuentran ahora un obstáculo jurisprudencial explícito.