Delito de abuso de autoridad y función regulatoria del Estado: cuando resultado adverso se confunde con el dolo

Esta semana la Sala II de la Cámara Federal porteña procesó a un ex titular de la Inspección General de Justicia por el delito de abuso de autoridad (art. 248 CP).

El caso involucra las resoluciones que el ex funcionario dictó en 2022 y 2023 para solicitar, ante la Justicia Comercial, la intervención judicial y nulidad de una sociedad anónima vinculada a un magnate extranjero y su estancia en la Patagonia. La Cámara —por mayoría de los jueces Irurzun y Farah, con disidencia del juez Boico— concluyó que el ex inspector utilizó premisas falsas para fundar su actuación: habría afirmado que la sociedad incumplía sentencias firmes cuando, según el propio Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, ninguna obligación de ese tipo existía.

Una aclaración metodológica antes de continuar: este análisis no entra a examinar si las resoluciones administrativas dictadas eran técnicamente correctas bajo la Ley 19.550 ni si sus conclusiones sobre la sociedad eran jurídicamente fundadas. Eso es materia de otro debate. La pregunta que nos interesa es más precisa: ¿hubo una extralimitación en el ejercicio de las facultades propias del cargo de magnitud tal que habilite la aplicación del art. 248 CP? A nuestro entender, la respuesta es negativa. Y las razones son estrictamente técnicas.

I. Qué exige realmente el art. 248 CP

El tipo penal de abuso de autoridad reprime al funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales”. La doctrina dominante y la jurisprudencia consolidada del fuero federal exigen dolo directo para su configuración: el funcionario debe saber que las condiciones que habilitan su actuación no concurren, y actuar igualmente.

El propio voto del juez Farah lo enuncia con precisión: el tipo se perfecciona cuando el funcionario “hace algo que la ley como principio abstracto le permite hacer, simulando que se encuentran dadas las condiciones para actuar de tal manera”.

La palabra clave es simular. No errar. No discrepar. No adoptar una interpretación heterodoxa. No impulsar una investigación que luego resulte infructuosa. Simular.

II. El problema central del fallo: ¿error o dolo?

Aquí radica la debilidad estructural de la posición mayoritaria.

El ex funcionario presentó ante la Justicia Comercial un extenso dictamen sosteniendo que la sociedad incumplía sentencias firmes del STJ rionegrino y que operaba como pantalla jurídica. La Cámara Comercial rechazó el planteo en 2022. Un juez de primera instancia lo rechazó nuevamente en 2023. Eventualmente, el propio STJ de Río Negro clarificó que la sociedad no tenía ninguna obligación judicial incumplida.

La pregunta que el fallo no responde con suficiencia es esta:

¿Que el argumento haya resultado incorrecto convierte al funcionario en autor del delito de abuso de autoridad?

La disidencia del juez Boico apunta exactamente ahí: la discrepancia, la imprudencia, o incluso la errónea interpretación de los hechos no constituyen el dolo que requiere el tipo. Y tiene razón. Si el error en la premisa fáctica —aunque sea un error grave, aunque resulte luego refutado jurisdiccionalmente— configura por sí solo el dolo del art. 248, estamos criminalizando la función pública de un modo que ningún organismo regulador del Estado podría operar normalmente.

La Cámara Comercial no dijo que el funcionario mintió. Dijo que no había probado su tesis. Eso es sustancialmente distinto.

III. El marco legal que el fallo relativiza

El ex titular de la IGJ actuó dentro del marco de las facultades expresas de la Ley 22.325 —orgánica del organismo—, que habilita expresamente a requerir información, investigar irregularidades societarias y promover acciones judiciales en resguardo del interés público.

Tanto el juez Rafecas como el juez Casanello —que dictaron los cuatro sobreseimientos previos— coincidieron en que las actuaciones cuestionadas reflejaban el ejercicio de funciones propias del organismo, independientemente de su resultado en el fuero comercial. Ese ejercicio puede haber sido desacertado. Puede haber partido de una interpretación incorrecta del estado de la cuestión judicial. Pero ejercer una facultad legalmente atribuida con error no es lo mismo que simular que esa facultad existe cuando no existe.

IV. Una reflexión de política criminal — sin distinción de signo político

Esta consideración vale para cualquier gobierno y para cualquier funcionario de control, sin excepción.

Si los titulares de organismos reguladores —la IGJ, la UIF, la CNV, la AFIP/ARCA, la Aduana— saben que una actuación que resulta adversa en sede jurisdiccional puede derivar en su procesamiento penal personal, el efecto disuasorio sobre el ejercicio de la función pública es devastador. Ningún inspector va a investigar estructuras complejas. Ningún regulador va a cuestionar operaciones que involucren intereses poderosos. Nadie va a asumir el riesgo de equivocarse cuando equivocarse puede significar un procesamiento penal.

Esta advertencia no es un privilegio para funcionarios de ningún color político. Es una garantía de funcionamiento del Estado regulatorio que protege a todos los ciudadanos por igual. El día que criminalicemos el error administrativo como si fuera dolo penal, habremos destruido la capacidad del Estado de ejercer su función de control.

Reflexión final

El abuso de autoridad es un tipo penal de aplicación restrictiva que requiere acreditar que el funcionario sabía que estaba actuando fuera de sus atribuciones y eligió hacerlo igualmente. No es un mecanismo para revisar la legalidad de los actos administrativos —para eso existe el contencioso administrativo—. Tampoco es un instrumento para sancionar penalmente las decisiones de gestión que luego resultan incorrectas.

El fallo de esta semana confunde esas categorías. Y el debate que abre no es sobre el caso concreto, sino sobre qué tipo de Estado regulatorio queremos tener.

¿Compartís este análisis? ¿O creés que la mayoría de la Cámara tiene razón en que el error en la premisa equivale al dolo requerido? Dejá tu posición en los comentarios.