DELITO DE CONTRABANDO: Cuándo empieza el delito, quién responde y límites de la imputación

El 30 de abril de 2026, la Sala A de la Cámara Federal en lo Penal Económico —integrada por los jueces Eduardo Farah y Mariano Llorens— resolvió los recursos de apelación interpuestos en el legajo 366 de la causa CPE 529/2016. El expediente involucra el intento de ingresar al país mercadería adulterada oculta en 55 contenedores.

La resolución aborda tres ejes que merecen análisis detenido: cuándo comienza a ejecutarse el delito de contrabando, cómo funciona la responsabilidad de las sociedades pantalla, y cuándo la insuficiencia probatoria justifica revocar un procesamiento.

El fallo confirma algunos procesamientos, revoca otros y avala un sobreseimiento. Esa variedad de resultados —dentro de una misma causa— lo convierte en una pieza jurisprudencial especialmente útil para comprender cómo razona la Cámara frente a imputaciones de contrabando con documentación adulterada.

I. Los hechos: una maniobra clásica de comercio exterior fraudulento

El esquema investigado es conocido: en el puerto de origen, la mercadería se cargaba con datos falsos. Se declaraban tipos y cantidades de mercadería distintos de los reales. Los conocimientos de embarque (Bill of Lading) se adulteraban para que los registros presentados ante la Dirección General de Aduanas no coincidieran con lo efectivamente transportado.

El consignatario declarado no era el importador real. Se utilizaban sociedades comerciales sin actividad económica genuina para presentarse formalmente como importadoras, mientras los verdaderos interesados permanecían ocultos detrás de esa estructura.

El resultado al momento de la verificación era elocuente.

Un caso emblemático:

Un contenedor declarado como ‘FLORES DE PLÁSTICO’ con 8.060 kg contenía en realidad bijouterie, estuches, bolsas para regalo y maquinaria para rotular, con un peso total de 20.760 kg —más del doble de lo declarado.

II. El problema jurídico central: ¿cuándo comienza el contrabando?

La defensa planteó un argumento con cierta lógica superficial: si los contenedores nunca salieron de la zona primaria aduanera y nunca se oficializó una destinación de importación, no puede haber contrabando consumado ni tentado.

La Cámara lo rechazó con contundencia, apoyándose en doctrina consolidada de la Corte Suprema (Fallos 48:407; 311:372; 307:928): el bien jurídico protegido no es el resultado final de la importación, sino el ejercicio del control aduanero sobre el tráfico internacional de mercaderías. Y ese control comienza con la declaración del manifiesto de carga, no con la destinación formal.

La maniobra nació en el puerto de origen, al cargarse algo distinto a lo declarado. Cada adulteración documental introducida durante el transporte fue un eslabón de la ejecución progresiva del delito. Comprar la mercadería, embarcarla con datos falsos y contratar el transporte —mintiendo otra vez sobre la carga— no son actos preparatorios. Son ejecución.

III. Las sociedades pantalla y la responsabilidad de sus representantes

El argumento defensivo más frecuente fue:

“Yo no sabía lo que se importaba; simplemente presté mi nombre o acepté una propuesta de un conocido”.

La Cámara no lo aceptó: quien se dedica al comercio de mercadería importada no puede ignorar los pormenores de una operación de importación.

El fallo agrega una observación relevante para la práctica: que una empresa ya no estuviera habilitada como importadora al momento de arribar la mercadería no la excluye de responsabilidad. La cercanía temporal entre la expiración del registro y la operación investigada refuerza la hipótesis del uso instrumental de esa sociedad.

El patrón de responsabilidad que identifica el Tribunal no requiere prueba directa del dolo. Basta la combinación de diferencias esenciales entre lo declarado y lo verificado, la condición de consignatario formal y la ausencia de una explicación convincente y probada.

IV. Fundamentos para revocar los procesamientos

La revocación respecto de W. G. SRL y su representante H. J. W. ilustra con precisión qué le falta a una imputación para ser sostenible. En ese caso, la única diferencia detectada fue de peso: se declaró correctamente el tipo de mercadería, su cantidad y hasta la cantidad de bultos. No había indicios de que la sociedad fuera una pantalla.

La Cámara consideró que esa sola divergencia de peso —no del todo esclarecida en el auto apelado— no era suficiente para afirmar el despliegue de un ardid, dado que el valor de la mercadería dependía de su especie y cantidad, no de su peso. La conclusión fue falta de mérito, con instrucción al juez de grado para profundizar la investigación.

El fallo también confirma el sobreseimiento de la agente de transporte aduanero desconsolidadora. La imputada cargó datos en el sistema MALVINA a partir de la documentación que le entregó el forwarder que la contrató, ajustándose a la normativa aplicable (RG AFIP 2879/2010). La Cámara coincidió: sin prueba de que conocía la falsedad de lo declarado, la imputación no puede prosperar. La conducta neutral ajustada al rol no se convierte en delito por el solo hecho de que el contexto fuera fraudulento.

V. Consecuencias prácticas para empresas y asesores

Primero: la defensa de ‘la destinación nunca se oficializó’ ya no funciona en causas de contrabando documentado. Si la mercadería se cargó con datos falsos en origen y esos datos se perpetuaron durante el transporte, hay tentativa punible. El momento de intervención de la Aduana no es el momento de inicio del delito.

Segundo: quien figura como representante de una sociedad consignataria tiene que poder explicar ese rol de manera creíble y consistente con su actividad real. La ignorancia invocada choca con el perfil del imputado cuando este operaba en el comercio de importados.

Tercero: una diferencia de peso aislada, sin discrepancias en tipo y cantidad y sin otros indicios de ardid, puede no alcanzar para sostener un procesamiento. El contrabando requiere un engaño al control aduanero, no cualquier diferencia documental.

Cuarto: los operadores del comercio exterior —despachantes, agentes de transporte, forwarders— tienen un espacio de defensa real cuando acreditan que actuaron conforme a la documentación recibida y dentro del marco regulatorio aplicable. Ese espacio se cierra cuando hay prueba directa de conocimiento de la irregularidad.

Para quien afronta una imputación por contrabando, el análisis no puede limitarse a constatar si hubo destinación formal. Hay que examinar cada etapa del proceso, identificar dónde se produjo la adulteración documental y determinar qué conocía el imputado en cada momento. El derecho penal aduanero es un área donde el peso probatorio, la estructura del ardid y el alcance del bien jurídico definen todo.