Un fallo reciente del fuero correccional porteño condena a una ex gerente de Recursos Humanos por estafar a compañeros de trabajo invocando un inexistente fondo de inversión avalado, según sus propios dichos, por directivos de la empresa.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Capital Federal acaba de condenar a una mujer que, mientras se desempeñaba como gerente de Recursos Humanos de una empresa multinacional, utilizó esa posición —y la confianza que generaba— para estafar a cuatro compañeros y ex compañeros de trabajo.
La maniobra se sostuvo durante años con la promesa de un fondo de inversión en el exterior que nunca existió. El caso, resuelto por juicio abreviado, ofrece un buen punto de partida para pensar un problema que excede lo anecdótico: qué rol juega el cargo que alguien ocupa dentro de una organización a la hora de configurar el ardid que exige el delito de estafa.
I. LOS HECHOS: UNA INVERSIÓN QUE NUNCA EXISTIÓ
Según el requerimiento de elevación a juicio, la imputada se ganó la confianza de varios compañeros de trabajo y les propuso invertir sus ahorros en dólares en un supuesto fondo de inversión manejado, según afirmaba, por un conocido suyo desde Uruguay. La oferta incluía una promesa de alta rentabilidad y, como dato relevante, la afirmación de que directivos y otros empleados jerárquicos de la empresa ya habían invertido allí.
Para dar verosimilitud al esquema, la imputada utilizaba la casilla de correo institucional de la empresa para comunicarse sobre los montos invertidos y los rendimientos, e inventó un correo electrónico ficticio a nombre de un supuesto socio inversor, con quien las víctimas llegaron a intercambiar mensajes. En su indagatoria, terminó admitiendo que esos correos habían sido creados por ella misma.
II. EL CARGO Y EL CORREO CORPORATIVO COMO PARTE DEL ARDID
Lo que distingue a este caso de una estafa entre particulares es el modo en que la posición laboral de la imputada operó como insumo del engaño. No se trató simplemente de alguien que mintió sobre una inversión: se trató de una gerente de Recursos Humanos que invocó la supuesta participación de directivos de la empresa, usó la casilla de correo institucional como canal de comunicación y aprovechó que las entregas de dinero se realizaran dentro de las propias oficinas de la firma.
Ese entorno generó, según relataron los damnificados, una verosimilitud que difícilmente hubiera logrado fuera del ámbito laboral. La sentencia destaca que las víctimas accedieron a entregar el dinero, entre otras razones, porque la imputada “les había dicho que muchos compañeros y directivos” ya habían invertido allí, dando “visos de verosimilitud a sus expresiones a través de la utilización del correo institucional de la empresa como medio de comunicación”.
Desde el punto de vista dogmático, esto importa porque el delito de estafa (art. 172 CP) exige el clásico trinomio ardid – error – disposición patrimonial perjudicial. El ardid no se agota en la mentira sobre la inversión: se construye también con la apariencia de respaldo institucional. Cuanto más creíble el marco en el que se inserta el engaño, más eficaz resulta el ardid y más fácil es explicar por qué personas adultas, con cierto nivel de instrucción, entregaron sumas significativas sin firmar ningún documento respaldatorio.
III. ¿POR QUÉ ESTAFA Y NO OTRA FIGURA?
La calificación legal elegida —estafa reiterada en concurso real (arts. 45, 55 y 172 CP)— no era la única imaginable, y vale la pena detenerse en por qué se descartaron otras posibles encuadres.
No hubo administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° CP), porque la imputada nunca tuvo a su cargo la administración o el manejo de bienes ajenos en virtud de un mandato, cargo o función específica respecto de esos fondos: las víctimas no le confiaron la gestión de un patrimonio, sino que fueron inducidas a desprenderse de dinero propio mediante un engaño puntual. La distinción es relevante: la administración fraudulenta supone una relación de gestión patrimonial previa que aquí no existía entre la imputada y los damnificados.
Tampoco se configuró un supuesto de responsabilidad penal de la persona jurídica (de la empresa empleadora) en los términos de la Ley 27.401, porque no se trató de un delito cometido en su interés o beneficio, ni con su intervención: la empresa fue, en todo caso, el escenario y la fuente de legitimidad invocada por la imputada, no la beneficiaria de la maniobra. De hecho, fue la propia empresa la que, al detectar el uso indebido de sus sistemas, desvinculó a la imputada con causa e informó la situación a la justicia, una circunstancia que la sentencia destaca como parte del cuadro probatorio de cargo.
La figura de estafa, en cambio, captura con precisión lo sucedido: un engaño desplegado activamente, que indujo a error a las víctimas, y que provocó la disposición patrimonial perjudicial exigida por el tipo. El uso del cargo y del correo institucional no cambia la calificación, pero sí potencia el ardid y, como se vio en la sentencia, opera como pauta agravante al momento de fijar la pena.
IV. EL LÍMITE ENTRE INCUMPLIMIENTO LABORAL Y DELITO PENAL
Conviene aclarar algo que el fallo no profundiza, pero que conviene tener presente: que una conducta sea sancionable en el ámbito laboral —como ocurrió aquí, con un despido con causa por violación del código de conducta de la empresa— no implica automáticamente que sea delito, y viceversa. Son planos distintos, con estándares y consecuencias propias. En este caso ambos coincidieron, porque hubo además un perjuicio patrimonial concreto a terceros, generado mediante ardid. Pero la sola circunstancia de utilizar indebidamente un correo corporativo o invocar sin autorización el nombre de la empresa, sin el componente de engaño activo y perjuicio patrimonial, podría agotarse en el terreno disciplinario interno.
Para las empresas, el caso deja una enseñanza concreta de compliance: la confianza institucional que un cargo jerárquico genera hacia adentro de la organización es, en sí misma, un activo que puede ser usado indebidamente.
Los canales de comunicación oficiales, la apariencia de aval directivo y el ámbito físico de trabajo no son neutros: cuando se prestan a una maniobra de este tipo, terminan siendo parte del ardid, aunque la empresa no haya tenido ninguna participación ni beneficio en los hechos. Detectar tempranamente patrones de este tipo —ofertas de inversión entre empleados, uso de la marca o el correo corporativo para fines ajenos a la función— debería ser, cada vez más, un punto de atención para las áreas de recursos humanos y de auditoría interna, no solo para evitar perjuicios a los propios empleados, sino para resguardar a la empresa de quedar mencionada, aunque sea tangencialmente, en una causa penal ajena.
En definitiva, el fallo condena a la persona que diseñó y ejecutó el engaño, no a la empresa ni a su sistema de control. Pero el caso recuerda que buena parte de la eficacia de una estafa no está en la sofisticación del relato, sino en el marco de legitimidad —real o aparente— en el que ese relato se cuenta. Cuando ese marco lo provee, sin saberlo, el propio empleador, la línea entre la responsabilidad individual y la exposición institucional se vuelve un punto que toda organización debería mirar con más atención.