El compliance y el derecho penal ambiental

Por qué el art. 57 de la Ley 24.051 y la Ley 27.401 configuran una brecha que el derecho penal argentino todavía no resolvió

La responsabilidad penal de los directivos en materia de residuos peligrosos se rige en Argentina por una norma de 1991. Esa sola afirmación resume el problema: el art. 57 de la Ley 24.051 fue sancionado antes de que existiera cualquier elaboración dogmática sobre compliance, programas de integridad y responsabilidad corporativa autónoma. Y desde entonces no fue actualizado.

La paradoja que resulta de esa inmovilidad legislativa es concreta: las empresas invierten en sistemas de gestión ambiental —certificaciones ISO 14001, protocolos de manejo de residuos, auditorías internas, responsables ambientales designados— sin que ninguno de esos esfuerzos tenga eficacia jurídico-penal reconocida. El derecho penal ambiental argentino no diferencia, en materia de responsabilidad corporativa, entre la empresa que genuinamente intenta prevenir delitos ambientales y la que los ignora estructuralmente.

I. La norma que nunca se actualizó

El art. 57 de la Ley 24.051 dispone que, cuando un hecho de contaminación previsto en sus arts. 55 o 56 se produzca “por decisión de una persona jurídica”, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes “que hubiesen intervenido en el hecho punible”.

La norma tiene dos problemas interpretativos no resueltos. El primero es el alcance de la “decisión de la persona jurídica”: ¿exige un acto formal de directorio, o alcanza con cualquier conducta atribuible a la empresa en función de su estructura organizacional? La primera lectura es funcionalmente inaceptable —la criminalidad ambiental rara vez reconoce una decisión explícita de contaminar— pero la segunda no tiene un desarrollo dogmático que la sostenga en el sistema argentino.

El segundo problema es el alcance de la “intervención en el hecho punible”: ¿alcanza solo a quienes ejecutaron materialmente la conducta, o también a quienes, desde posiciones de jerarquía, omitieron impedir lo que tenían el deber funcional de impedir? Esta pregunta remite a la cuestión de la posición de garante del directivo, que el art. 57 no regula y que el Código Penal argentino tampoco resuelve de manera general —a diferencia del StGB alemán o del Código Penal español, que tienen cláusulas expresas de equivalencia entre acción y omisión.

II. La brecha que dejó la Ley 27.401

En 2017, la Ley 27.401 introdujo en Argentina la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas. Fue un avance significativo. Pero el catálogo de delitos al que se aplica es cerrado y circunscripto exclusivamente a delitos de corrupción: cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, concusión, enriquecimiento ilícito, balances falsos agravados. Los delitos ambientales de la Ley 24.051 quedaron expresamente excluidos.

La exclusión no fue accidental. La Ley 27.401 nació como respuesta a la presión de la OCDE para que Argentina adoptara legislación anticorrupción. El legislador no fue más allá de lo que el compromiso internacional exigía. Y al no ir más allá, consolidó una asimetría sistémica que tiene consecuencias prácticas directas.

La Ley 27.401 ofrece, para los delitos que regula, tres elementos que el art. 57 no tiene: responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica como tal, con sanciones propias; el programa de integridad como causa de exención de responsabilidad para la entidad; y atenuantes específicas para la graduación de las sanciones corporativas. Nada de eso existe en materia ambiental. Un directivo imputado bajo el art. 57 no puede invocar el programa de compliance de su empresa como causa de exención ni de atenuación reconocida legalmente.

III. El incentivo perverso y sus consecuencias

La consecuencia más grave de esta brecha no es técnica: es de política criminal. Si el compliance ambiental no produce ninguna ventaja jurídico-penal, el incentivo para implementarlo es únicamente regulatorio —evitar sanciones administrativas— pero no penal. Eso significa que, desde la perspectiva del derecho penal, es indiferente si la empresa invirtió o no en prevención ambiental.

Peor aún: un programa de compliance formal —documentado pero no efectivamente implementado— puede agravar la posición del directivo, al evidenciar que los riesgos eran conocidos y que la empresa eligió no gestionarlos genuinamente. El derecho penal, en ese escenario, castiga más al que sabe que al que ignora.

La paradoja se proyecta también sobre el mercado de cumplimiento: sin reconocimiento jurídico-penal del compliance ambiental, las certificaciones ISO 14001 o los programas de gestión de residuos son, desde el punto de vista del riesgo penal de los directivos, inversiones sin retorno. Eso no es un sistema diseñado para prevenir delitos ambientales: es un sistema que castiga sin discriminar entre quien intentó prevenirlos y quien nunca lo hizo.

IV. Lo que muestra el derecho comparado

La Directiva (UE) 2024/1203, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal, ofrece el modelo más relevante. Su art. 6° distingue dos títulos de responsabilidad corporativa: la actuación de quienes tienen facultades de dirección o representación, y el defecto de supervisión —cuando la falta de control organizacional hizo posible que una persona bajo la autoridad del directivo cometiera el delito en beneficio de la empresa.

Ese segundo título —el defecto de supervisión como fundamento autónomo de responsabilidad— es exactamente lo que el art. 57 de la Ley 24.051 no tiene. Y es lo que haría jurídicamente relevante el compliance:

Si el defecto organizacional funda la responsabilidad, entonces un programa de compliance genuino y efectivo es la prueba de que ese defecto no existía.

El derecho alemán llega al mismo resultado por otra vía. El § 130 de la Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) sanciona la infracción de supervisión: quien, como titular de una empresa, omite adoptar las medidas de supervisión necesarias para impedir que personas bajo su autoridad cometan infracciones o delitos vinculados con la empresa. El compliance no es un accesorio decorativo en ese sistema: es la evidencia de que la supervisión fue adecuada.

V. Lo que puede hacerse dentro del sistema vigente

En ausencia de reforma legislativa, el sistema argentino admite algunas soluciones interpretativas parciales. Ninguna genera la certeza jurídica que solo una norma expresa puede dar, pero son las herramientas disponibles.

👉 La primera es interpretar el requisito de “intervención” del art. 57 de manera que alcance la omisión de quienes tenían el deber funcional de impedir el hecho. No como omisión impropia del Código Penal —que carece de cláusula general de equivalencia— sino como posición de garante derivada de la estructura organizacional y las funciones asignadas conforme a la normativa societaria y ambiental aplicable.

👉 La segunda es utilizar el compliance ambiental como elemento negativo del dolo o de la culpa directiva. Para los delitos culposos del art. 56 —imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de reglamentos— un programa de prevención genuinamente implementado es evidencia de que el directivo adoptó las medidas de cuidado exigibles. Si pese a ello se produjo la contaminación, su conducta puede no alcanzar el umbral de negligencia típica.

👉 La tercera es invocar el compliance como atenuante genérica en la graduación de la pena. El art. 41 del Código Penal, al fijar los parámetros de cuantificación, admite considerar “la conducta precedente al hecho” y las condiciones personales del imputado. El historial de cumplimiento ambiental puede operar en ese marco.

VI. La reforma que hace falta

Las soluciones interpretativas son insuficientes. La brecha es sistémica y solo puede cerrarse por vía legislativa. Las alternativas son tres.

1️⃣ La más simple es ampliar el catálogo del art. 1° de la Ley 27.401 para incluir los delitos de los arts. 55 y 56 de la Ley 24.051. Esa modificación extendería automáticamente el régimen de responsabilidad corporativa autónoma, con todos sus efectos, a los delitos ambientales.

2️⃣ Una alternativa más modesta —pero políticamente más factible— es incorporar directamente en la Ley 24.051 una norma expresa de eficacia del compliance ambiental, análoga al art. 9° de la Ley 27.401, sin necesidad de ampliar el catálogo general.

3️⃣ Una tercera opción, más ambiciosa, es actualizar el art. 57 para incorporar los dos títulos de imputación de la Directiva 2024/1203: actuación de directivos con responsabilidad corporativa y defecto de supervisión como fundamento autónomo. Esta reforma mantendría la arquitectura actual del artículo pero le daría los elementos que hoy le faltan.

El objetivo de largo plazo debería ser un Código de Derecho Penal Ambiental que integre los principios de la Ley 25.675, los tipos penales dispersos y un sistema moderno de responsabilidad corporativa. Mientras eso no ocurra, la irresponsabilidad organizada en materia ambiental seguirá teniendo como única respuesta una norma de 1991 sin actualizar.

El compliance ambiental existe. El derecho penal argentino todavía no aprendió a verlo