LAVADO DE ACTIVOS POR INCUMPLIMIENTO FISCAL: La cámara revoca un procesamiento por falta de delito tributario acreditado

La omisión de declarar e inscribirse ante el Fisco no equivale, por sí sola, al ilícito penal previo que exige el art. 303 del Código Penal

Una de las tendencias más preocupantes de los últimos años en la práctica penal económica argentina es la facilidad con la que una simple irregularidad fiscal —la falta de inscripción, la omisión de declarar, el no pago de un impuesto— termina mutándose, sin mayor análisis, en una imputación por lavado de activos. La Sala “B” de la Cámara Federal en lo Penal Económico acaba de poner un freno explícito a esa lógica, al revocar el procesamiento de un contribuyente que había sido alcanzado por el art. 303 del Código Penal sobre la sola base de sus incumplimientos tributarios.

I. EL CASO: COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS, DINERO NO DECLARADO Y UNA IMPUTACIÓN POR LAVADO

El juzgado de primera instancia había dictado el procesamiento de J. C. B. como autor del delito de lavado de activos (art. 303, incisos 1° y 2°, CP), con embargo por $52.000.000. Según la resolución apelada, el imputado habría introducido al mercado financiero, entre enero de 2020 y junio de 2022, las sumas de $12.945.539,23 y USD 82.485,10, canalizándolas a través de cuentas bancarias propias y de un coimputado, sin haber efectuado las declaraciones correspondientes ante el organismo recaudador (ex AFIP, actual ARCA).

El origen de esos fondos, según la investigación, fue la actividad comercial de compra y venta de vehículos que ambos imputados desarrollaban de manera habitual —se determinó que intervinieron en la transferencia de 42 automóviles, 29 de ellos a partir de 2020—. El problema, según el juez de grado, era que esa actividad nunca fue declarada: el imputado figuraba registrado ante el Fisco únicamente en la categoría “B” del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), bajo el rubro de “servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros”, sin estar inscripto ni en Ganancias ni en IVA.

Sobre esa base, el juzgado concluyó que el ingreso de esos fondos a las cuentas bancarias —luego retiradas y cerradas— implicó “la sustracción del producido de tales negocios de los controles estatales que sobre ellos correspondía ejercer”, y que el imputado “sabía, o al menos debía representarse”, que tenía que haber declarado esos impuestos. Para el juez, esa omisión bastaba para tener por configurado el delito previo exigido por el tipo de lavado: los bienes “reconocerían su origen en ilícitos de índole tributaria”.

II. EL PROBLEMA JURÍDICO: ¿ALCANZA UNA OMISIÓN FISCAL PARA TENER POR ACREDITADO EL DELITO PREVIO DEL LAVADO?

El art. 303 del Código Penal castiga a quien convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que esos bienes adquieran apariencia de origen lícito. La estructura típica exige, entonces, algo que suele perderse de vista en la práctica: que exista —y se acredite— un ilícito penal previo del cual los bienes provengan. El lavado no es autónomo de esa exigencia; depende de ella.

La pregunta que organiza el fallo es, entonces, precisa:

¿Puede afirmarse que el dinero proviene de un “ilícito de índole tributaria” sin que exista una determinación de oficio de ARCA que cuantifique la deuda, sin que se haya evaluado si la omisión configura delito tributario o simplemente una infracción administrativa de la ley 11.683, y sin que el fiscal haya formulado siquiera un requerimiento de instrucción por ese presunto delito tributario?

III. LOS FUNDAMENTOS DE LA CÁMARA

La Sala “B” —integrada por los jueces Roberto Enrique Hornos y Carolina Robiglio— advirtió que, en el caso, “no se advierte que por la investigación realizada en los autos principales se haya efectuado alguna determinación que permita establecer si las irregularidades formales y sustanciales descriptas por la resolución apelada en torno del cumplimiento de las obligaciones tributarias” del imputado “han constituido un ilícito penal, como requiere la figura del art. 303 del Código Penal”.

El tribunal fue explícito al señalar la secuencia que faltaba: primero, determinar si la omisión de inscribirse, declarar y tributar Ganancias e IVA configuraba un ilícito penal o una mera infracción administrativa de la ley 11.683; recién después, evaluar si el caso podía subsumirse en el delito de lavado de activos, “cumpliendo el requisito típico de que se trate de dinero o de bienes provenientes de un ilícito penal”, y determinar quién o quiénes podrían ser sus autores.

La Cámara destacó dos ausencias concretas en el expediente:

  • No había determinación tributaria con intervención del área correspondiente de ARCA.
  • Y tampoco existía un requerimiento de instrucción formulado por el fiscal relacionado con la comisión presunta de algún delito tributario.

En otras palabras: nadie había instado siquiera la investigación del ilícito previo que la resolución apelada daba por sentado. Por esos motivos, el tribunal calificó el procesamiento como “al menos prematuro” y revocó la resolución en todo cuanto fue materia de recurso, sin costas.

Es importante remarcar qué es lo que la Sala no hizo:

  1. No sobreseyó al imputado
  2. No analizó el fondo de si hubo o no lavado
  3. Y expresamente evitó emitir opinión sobre cuál es la ley penal más benigna aplicable al caso (el art. 303 CP vigente al momento de los hechos o el texto reformado por la ley 27.739).

La Cámara devolvió el expediente para que la investigación se profundice en el sentido señalado: primero el delito tributario, después —recién después— el lavado.

IV. POR QUÉ ESTE PRECEDENTE IMPORTA MÁS ALLÁ DEL CASO

El fallo pone el dedo en una práctica de imputación que se ha vuelto frecuente: tratar la informalidad fiscal como si fuera, automáticamente, un ilícito penal acreditado, y usar esa presunción como plataforma para imputar lavado de activos. La lógica que la Cámara desarticula es tentadora para cualquier fiscalía: si el dinero no fue declarado, entonces proviene de un “ilícito tributario”, y si proviene de un ilícito, entonces su circulación posterior es lavado.

El problema es que esa cadena salta dos pasos imprescindibles: determinar si hubo, efectivamente, delito tributario —y no simple infracción administrativa—, y acreditarlo con la intervención del organismo de fiscalización competente antes de avanzar sobre el delito subsecuente.

La distinción no es menor. No toda omisión fiscal es delito: la ley 11.683 contempla un universo amplio de infracciones administrativas que coexisten con las figuras penales de la ley 27.430, y la línea entre unas y otras depende de elementos objetivos (montos, condiciones objetivas de punibilidad) y subjetivos (dolo) que deben ser verificados, no presumidos. Permitir que un juez penal dé por configurado un “ilícito de índole tributaria” sin que ARCA haya siquiera determinado la deuda, y sin que el fiscal haya promovido la investigación específica por ese delito, equivale a construir el presupuesto del lavado sobre una base que el propio sistema penal tributario no ha validado.

Para empresas, contribuyentes y profesionales que asesoran en la materia, las consecuencias prácticas de este criterio son concretas.

✳️ Primero, frente a una imputación por lavado de activos que se apoye en irregularidades fiscales, corresponde exigir que se identifique con precisión cuál es el delito previo, que se acredite mediante los mecanismos idóneos —determinación de oficio, instrucción fiscal específica— y que no se dé por probado mediante una inferencia genérica entre “no declarar” e “ilícito penal”.

✳️ Segundo, y en sentido inverso, este fallo no debe leerse como una autorización para operar con informalidad fiscal: el tribunal no descartó que, una vez completada la investigación tributaria, el caso pueda efectivamente derivar en una imputación por lavado sostenida sobre bases sólidas. Lo que la Cámara exige es orden en la secuencia probatoria, no impunidad de fondo.

✳️ Tercero, y este es quizás el punto más relevante para la práctica de compliance: la zona de riesgo entre incumplimiento fiscal y lavado de activos sigue siendo, en los hechos, mucho más estrecha de lo que muchos contribuyentes asumen. El criterio de la Cámara protege contra imputaciones prematuras, pero no elimina el riesgo de fondo: si la investigación tributaria avanza, se determina la deuda y se acredita el delito previo, la discusión sobre el lavado vuelve a estar abierta —y esta vez, sobre bases que difícilmente puedan ser cuestionadas por prematuras.

En definitiva, el fallo deja una enseñanza que excede el expediente puntual: en materia de lavado de activos, la secuencia procesal no es un detalle formal, sino una garantía sustancial. Acreditar primero el delito previo no es una demora burocrática; es, sencillamente, lo que exige el principio de legalidad cuando se imputa un delito que depende, por definición, de la existencia de otro