Reparación integral sin víctima y sin daño cuantificado: el fallo que divide a Casación

Cámara Federal de Casación Penal, Sala III — Causa N° FLP 1041/2012/TO1/5/CFC1 — “Velay, Norberto y otros s/ recurso de casación” — 18 de junio de 2026

I. El caso en pocas líneas

Entre antes de agosto de 2011 y junio de 2012, un grupo de personas operó una asociación dedicada a falsificar marcas de cigarrillos de primer nivel internacional —Marlboro, Philip Morris, Viceroy, entre otras—, distribuidas a través de la empresa “El Gauchito S.R.L.”, en Quilmes. La imputación fue por asociación ilícita (art. 210 CP).

Catorce años después, tres imputados —Norberto Velay, su hijo Matías Elian Velay y Erminda Teodorovich— ofrecieron $10.000.000 cada uno como reparación integral del perjuicio (art. 59 inc. 6 CP). El fiscal estuvo de acuerdo. La víctima —Philip Morris Products S.A., también querellante— se opuso. El Tribunal Oral Federal de La Plata N° 2 hizo lugar igual y extinguió la acción. Philip Morris recurrió en casación.

II. El problema jurídico central

El art. 59 inc. 6 CP —incorporado por la Ley 27.147 en 2015— extingue la acción penal por “conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”. El problema, reconocido por ambos votos, es que ninguna norma del CPPF regula específicamente las condiciones de la reparación integral.

El CPPF sí regula la conciliación (art. 34), con requisitos claros: delitos patrimoniales sin grave violencia, acuerdo entre imputado y víctima, homologación judicial. La reparación integral carece de esa reglamentación, y el fallo remite a dos vías —la acción civil (art. 40 CPPF) o el sobreseimiento del art. 269 inc. g) CPPF— sin resolver si la oposición de la víctima puede bloquear el instituto.

III. El voto en disidencia (juez Mahiques)

Mahiques consideró que la resolución no podía calificarse como acto jurisdiccional válido (art. 123 CPPN). Sus razones:

  1. No todos los delitos admiten reparación integral —hay bienes jurídicos cuyo daño no puede mensurarse ni repararse, y la asociación ilícita dedicada a falsificar marcas a escala comercial es uno de esos casos, según su voto, ni siquiera encuadrable en los criterios de oportunidad del art. 31 CPPF.
  2. El perjuicio real nunca fue cuantificado: la querella señaló que el monto no alcanzaba a cubrir la cantidad de paquetes falsificados, y el tribunal no explicó por qué consideraba reparado el bien jurídico.
  3. El dictamen fiscal tampoco superaba el test de razonabilidad del art. 69 CPPN, al no fundar cómo se cuantificó el perjuicio.

IV. El voto mayoritario (Borinsky, con adhesión de Yacobucci)

Borinsky rechazó el recurso apoyándose en su propio precedente “Canto” (Sala IV, CFCP, causa CFP 9901/2012/TO1/4/CFC3, reg. N° 317/26.4, del 23/4/2026): la reparación integral nace de la voluntad unilateral del imputado y no requiere aceptación de la víctima; lo determinante es la razonabilidad objetiva de la propuesta.

Sobre la participación de la víctima, remitió a su voto en “Villalobos” (Sala IV, CFCP, reg. 1119/17, del 29/8/2017): la tutela judicial efectiva exige que la víctima sea oída, no que su consentimiento sea vinculante. Philip Morris fue notificada, presentó escritos y fue escuchada en audiencia el 24 de septiembre de 2024.

Un dato que el propio fiscal invocó para sostener su conformidad: el delito de la ley de marcas ya había prescripto. Sobre esa base, promovió un aumento del monto ofrecido y propuso destinarlo a una entidad de bien público ante la negativa de la querella a recibirlo. Así se resolvió: los $30.000.000 se depositaron a favor de la Cooperadora del Hospital de Niños de La Plata “Sor María Ludovica”.

V. La tensión de fondo

La reparación integral tiene una lógica válida cuando el daño es mensurable y la víctima puede ser satisfecha: libera recursos judiciales y da certeza al imputado. Pero aplicada a delitos complejos —propiedad intelectual a escala comercial, daño difuso— plantea problemas serios: si el daño no se cuantifica, la “integralidad” es una ficción (la querella estimó el beneficio de la maniobra en miles de millones, frente a $30 millones de reparación); si la víctima se opone de manera fundada, el instituto pasa a depender del acuerdo entre imputado y fiscal; y si el dinero termina en un tercero ajeno al daño, la función reparadora se diluye.

VI. Consecuencias prácticas y cierre

Para empresas víctimas de delitos económicos: la oposición fundada es relevante, pero no determinante —el estándar exige ser oída, no tener poder de veto. La cuantificación del daño debe integrar la estrategia procesal desde el inicio; sin una estimación creíble, el tribunal puede convalidar cualquier oferta que el fiscal avale. Y la posición fiscal tiene peso decisivo: cuestionar la razonabilidad de su dictamen bajo el art. 69 CPPN es la línea de ataque que habilita el voto de Mahiques.

Para la defensa, el fallo abre una ventana: en causas antiguas y complejas, una oferta con aval fiscal puede extinguir la acción incluso contra la voluntad de la víctima.

El fallo tampoco resuelve qué delitos admiten reparación integral y cuáles no —Mahiques lo planteó, pero quedó en minoría—, ni cómo cuantificar el daño para que la reparación sea verdaderamente “integral”: la diferencia de orden entre $30 millones y un perjuicio estimado en miles de millones fue tratada por la mayoría como una discrepancia de valoración, no como un vicio.

La reparación integral es valiosa cuando opera sobre un daño mensurable e, idealmente, con la aceptación de quien lo sufrió. Aplicada a delitos complejos, con víctimas que se oponen y sin cuantificación seria del perjuicio, deja de resolver conflictos y genera uno nuevo: la desconfianza de las víctimas en el sistema penal.

No hay nada más corrosivo para la persecución penal económica que la percepción de que un monto suficiente —aunque sea simbólico frente al daño real— puede comprar el fin del proceso.